La dignidad de la persona y el bien común, exigen el reconocimiento a todos los ciudadanos/as del derecho universal al uso y disfrute de los servicios públicos a que tengan necesidad y se encuentren en los casos comprendidos.

Clasificación

Entre los servicios públicos, pueden especificarse los siguientes: sanidad, educación, seguridad social, plus por desempleo, jubilación, incapacidad temporal, minusvalía permanente, ayuda familiar, natalidad, residencias de mayores, guarderías, viviendas protegidas, centros deportivos y culturales, y también, marginación social.

Asimismo, pueden considerarse servicios públicos: agua, gas, electricidad, seguridad ciudadana, comunicaciones y transportes, alcantarillado, limpieza de la ciudad y otros más. Hoy hay que añadir el servicio público medioambiental. Por supuesto, en la medida que avanza la civilización pueden surgir nuevos servicios públicos.

Principios

Entre los principios fundamentales por los que han de regirse las autoridades y responsables de los países para promover los servicios públicos, están la solidaridad con los más débiles, el acceso igualitario para todos y todas, la financiación con recursos públicos que hace necesario un sistema de fiscalidad progresiva, la calidad de vida de los ciudadanos, la promoción del bien común y el desarrollo de la justicia, la libertad y la paz.

Una sociedad con servicios públicos deficientes, muy probablemente se compondrá de ciudadanos con carencia de derechos e insatisfacción de necesidades. Será un Estado inmaduro, donde abunde la corrupción, la opresión y la explotación. Es el caso de la mayoría de países del Tercer mundo.

El Estado

Después de la segunda guerra mundial, el comunismo en los países de la URSS nacionalizó los servicios públicos junto con toda la economía, pero se fueron deteriorando por la excesiva burocratización y el aumento constante de la corrupción. Mientras que, los países capitalistas de Occidente por miedo a la penetración comunista, utilizaron a la social democracia, para permitir el Estado de bienestar. Así se mantuvo, hasta la desintegración soviética, una economía privada para las empresas en los sectores productivos y financieros, y una economía pública para los servicios al ciudadano.

A partir del derrumbe del muro de Berlín, el capitalismo neoliberal global, se quitó la careta. Ahora en Estados Unidos, Unión Europea, países ex-comunistas, y Estados emergentes asiáticos, así como los latinoamericanos, siguen la política neoliberal, mediante la desregulación de empresas, trabajo precario, desmantelamiento o compra de sindicatos, desaparición progresiva de los derechos laborales, etc.

Asimismo, mundialmente aumenta continuamente la política privatizadora de servicios públicos. La empresa privada está transformando dichos servicios comunes en negocios privados, entre los que se encuentran el agua, la luz, el teléfono, la educación y la sanidad y otros más. Estamos asistiendo al crecimiento de la hegemonía, del capital sobre el Estado, de la economía sobre la política, de la ganancia privada sobre el servicio público, de la riqueza de pocos frente al empobrecimiento de muchos.

En el Estado español

Los distintos partidos con posibilidades de gobierno, ya sean de la derecha o de la izquierda, al estar España integrada a la Unión Europea y bajo la neocolonización de Estados Unidos, no pueden zafarse de las políticas neoliberales que privilegian el mercado global a favor de las empresas multinacionales y sus fabulosas ganancias. Por ello, tanto el PP como el PSOE, están favoreciendo la política de privatizaciones de los servicios públicos, aunque haya ciertos políticos que traten de defender a los ciudadanos y trabajadores más desamparados.

¿Qué está pasando en Madrid?

Lo que está ocurriendo con la sanidad pública en Madrid bajo la conservadora presidenta autonómica Esperanza Aguirre, del Partido Popular, es un gran escándalo que clama al cielo. Han desmantelado los laboratorios de análisis clínicos hospitalarios; han decretado la desaparición del Instituto madrileño de Salud, esencial en la prevención y vigilancia de la salud ciudadana; han deteriorado el funcionamiento del Hospital Severo Ochoa de Leganés; y, han desalojado todas las plantas del Centro de Salud de Pontones (Puerta Toledo), para trasladar al personal y las asistencias a un centro privado; asimismo, han hipotecado una deuda impagable de 5.000 millones de euros para mantener ocho hospitales que van a ser administrados privadamente. Todo ello favorece el negocio privado de la salud.

Para convencer a la población madrileña de las “excelencias” de la sanidad privada y de la “mala calidad” de la sanidad pública, se disminuye la inversión en la sanidad pública; se congela la admisión de personal de sanidad y se precariza a los profesionales, administrativos y de servicios; sus emolumentos y salarios están a la baja y sus jornadas se aumentan; se reducen las camas y servicios médicos en hospitales y clínicas; y se conceden la dirección y la administración de instituciones públicas de sanidad a empresas privadas.

Ante esta caótica situación, aumenta el descontento de los pacientes, las esperas se alargan meses y hasta más de un año, los doctores tienen sólo unos minutos para atender a cada paciente, aumentan las colas, la atención del personal se va deteriorando. En definitiva, a la vuelta de unos años apenas quedaran instituciones públicas de salud; pues todas serán privadas. Dejarán de regirse los hospitales y centros de salud por el ideal solidario de servicio público, para funcionar como sistema de negocio privado que busca una buena ganancia.

La cuestión es más grave aun, pues lo mismo está pasando con otros principales servicios públicos, como es el de la educación. Pedro Serrano