Estimamos que la Conferencia Episcopal, tiene el derecho y el deber de manifestar y dar las orientaciones que considere conveniente tanto a los católicos como a los demás ciudadanos, así como anunciar las buenas noticias y denunciar las injusticias o errores que afecten al bien común, basados en la revelación bíblica y en la tradición eclesial. Valoramos prudentes y respetables los primeros apartados de la referida Nota de la Comisión Permanente, aunque echamos de menos algunas referencias bíblicas y conciliares. Asimismo, nos parece legítimo el derecho de la jerarquía eclesiástica a dar a conocer y animar a vivir “la vida humana en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural, y a la promoción de la familia fundada en el matrimonio”, como se nos dice en el punto 6. Pero ello, sin tratar de imponer la visión eclesial a otras concepciones laicales o religiosas diferentes a la católica. A veces nosotros y gran parte del pueblo católico, observamos la escasa confluencia entre los pastores y los moralistas en estos temas tan sensibles para la vida. Aunque entre los diversos modelos de familia y matrimonios existentes en las democracias occidentales y en España, no todos contribuyen con el mismo grado al bien y a la felicidad del ser humano, no significa que la Iglesia deba imponer al Estado, a los partidos, a las instituciones y a todos los españoles su propia visión moral, como ha dicho el ex-presidente de la CEE Mons. Blázquez. Más bien se trata de convencer y no de vencer. Es bueno proponer y orientar al mismo tiempo que asumimos las cuestiones positivas de otros; pero nunca imponer y forzar a vivir la moral de la Iglesia. El Evangelio muestra su eficacia anunciado desde la humildad y el servicio en la libre aceptación de personas y comunidades. Es el modelo de Iglesia y evangelización el que hay que cambiar. El nacionalcatolicismo, la alianza Iglesia-Estado, la pastoral impuesta y apoyada en el poder coercitivo del Estado, del que dan muestra bastantes obispos españoles, está demostrando que es perjudicial para el pueblo de Dios y para la sociedad. A su vez, consideramos inasumible la parcialidad mostrada en los puntos 7, 8 y 9 de la nota episcopal, pues de forma subverticia y sutil, sin decirlo expresamente, más parece que tratan de orientar el voto católico y ciudadano a favor de partidos conservadores al mismo tiempo que desaniman a votar a partidos de progreso, especialmente al mostrar la disconformidad episcopal con la voluntariedad de la educación católica y la obligatoriedad de la materia de educación para la ciudadanía. No creemos que haya extorsión gubernamental a la Iglesia; ni que la educación ciudadana lesione algún derecho de los padres, pues el hecho de que sus hijos conozcan los derechos humanos y constitucionales, es asignatura aceptada ya en bastantes países de la Unión Europea, está en consonancia con la Doctrina Social de la Iglesia y ha sido aceptada por muchos colegios religiosos y por la misma FERE. Además, tanto los progenitores como los alumnos quedan en libertad de formarse y practicar la religión o filosofía que deseen, sin que haya ninguna ley ni institución prohibitiva al respecto. En democracia, las religiones y concepciones laicales tienen el mismo derecho que la Iglesia católica a contribuir al bien común, como está ocurriendo en España. Jesús ponía como ejemplo de fe, a militares romanos, ciudadanos gentiles y publicanos ante escribas y fariseos muy religiosos. En cuento al terrorismo, recuerden los señores obispos, que ustedes han contribuido al diálogo, incluso como mediadores, en otros gobiernos conservadores. Consideramos que todo gobierno del Estado español, sea del signo que fuere, ha de ejercer la responsabilidad para tratar de acabar con la lacra de ETA, a ser posible por vías pacíficas. Esperamos de nuestros prelados que, además de inclinarse hacia corrientes conservadoras ya sean religiosas, políticas o culturales como han dado muestras en estos cuatro años últimos manifestándose más afines con el Partido Popular en diferentes momentos -en las calles, en la COPE y en otros medios-, deben de acoger, asimismo, a movimientos progresistas tanto religiosos como políticos, económicos como culturales, si no quieren aparecer ante los católicos y demás ciudadanos como parciales e injustos. Entre los españoles de izquierda hay muchísimos católicos que por sus planteamientos de progreso, se encuentran discriminados por ustedes. Deseamos que los obispos no deben ver siempre lo negativo en el gobierno, solamente porque es de izquierda y liberal, también han de tener el valor de señalar los aspectos positivos, como la salida de las tropas de Irak (exigido por Juan Pablo II), la ley de igualdad de género, la ley de dependencia, la eficacia en la lucha contra la violencia etarra, freno a la especulación de la vivienda, la ley de la memoria histórica y otras más. Juan XXIII nos proponía que nos fijáramos más en lo que nos une que en lo que nos separa. La jerarquía debe contribuir más eficazmente a la democracia española, así cómo a resolver los problemas de los emigrantes, desempleados y trabajadores precarios; también a la defensa de las mujeres maltratadas, los abusos contra los niños, el medio ambiente contaminado y las desigualdades entre comunidades autónomas de los que hablan en el núm. 10, si asumieran el modelo de Iglesia de los pobres, inspirada en el Evangelio y en el Concilio Vaticano II. Hay que priorizar más la justicia y la liberación de los oprimidos, abandonando el monotema del matrimonio y del sexo para orientar el voto. Con todo respeto, y dado que el asunto que nos ocupa son las elecciones generales en una sociedad democrática, sería oportuno que la Conferencia Episcopal Española reflexionara sobre la conveniencia de introducir mecanismos democráticos y de participación en el interior de las instituciones de la Iglesia Católica. Asimismo, admitan la diversidad de carismas e ideologías; impulsen la igualdad sin discriminaciones: de hombres y mujeres, laicos y religiosos, célibes y casados, en todas las estructuras eclesiales incluida la del sacerdocio. Por una Iglesia al servicio de la fe cristiana y la justicia social. Madrid, 5 de marzo de 2008 Por la Comisión Ejecutiva, El Secretario General

Rafal Hernández Perez